Este sábado tuvo lugar una manifestación en el corazón de Madrid. Sin entrar en consideraciones políticas, morales o de otra índole, Helena me comentaba que había otro punto que se toma como anecdótico pero que puede acarrear algo más grave.
Según fuentes de la Comunidad de Madrid hubo unos 2 000 000 de asistentes, según la Delegación del Gobierno unos 300 000, según distintos periódicos entre 200 000 y 400 000.
En febrero las diferencias eran similares, millón y medio la Comunidad de Madrid, 181 000 la Delegación del Gobierno.
Estas diferencias son motivo de chistes. Buenafuente hizo en su programa un experimento para comprobar si los 10 asistentes por metro cuadrado que salían según los cálculos de la Comunidad de Madrid eran posibles. No, no lo eran; es más, posiblemente alguna de las 6 que a duras penas consiguieron entrar salió embarazada con tanto roce.
Su consideración iba por otro lado. Que El País, ABC y algún otro periódico serio entren en la guerra de cifras entra dentro de lo previsible; tienen su público y en algunos casos sus servidumbres. Con su dinero pueden hacer de su capa un sayo.
¿Qué pasa si un funcionario público da conscientemente información errónea para que, por ejemplo, no podamos presentar a tiempo documentación para acceder a un piso de protección oficial y así beneficiar así a algún allegado? Evidentemente se le caería el pelo, perdería el puesto de trabajo y, posiblemente, se le pudiera perseguir judicialmente.
¿Qué pasa si un funcionario público da conscientemente información errónea para que, por ejemplo, no nos hagamos una idea real de la gente que hubo en una manifestación?
Esas personas están cobrando un dinero que sale de los contribuyentes; ¿lo están cobrando, o lo están malversando? Podría entender una variación de un 25%, de un 50% si está justificada. Pero esto …
Por otro lado, ¿qué está haciendo la Fiscalía?, ¿no debería actuar de oficio? Sería tan sencillo como reunir a ambas partes y pedirles información de en qué se basan para realizar esas estimaciones. Si están justificadas, uno de las 2 no puede tener razón, o ninguna de las 2. ¿Por qué la Fiscalía no actúa? ¿No salen sus sueldos del erario público? Si sigue cobrando y no actúa, ¿se podría considerar como otro caso de malversación?
¿Y qué pasa con quién lo mantiene ahí a sabiendas de que no está haciendo su trabajo? ¿Se podría considerar como otro caso de malversación? ¿Entraría incluso en temas de prevaricación?
Ni Helena ni yo somos juristas y posiblemente ni siquiera los términos sean adecuados; son sólo divagaciones. Quizás 1984 no esté tan lejano.
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